Inseguridad y fracturas socio-territoriales 

Por Pablo Anzalone | @PabloAnzalone

Las características del sistema punitivo uruguayo han conducido a una hipertrofia del recurso cárcel como estrategia de seguridad. Tenemos más de 11mil presos. La cantidad de  presos  cada 100 mil habitantes es una de las más altas del mundo y  no ha parado de crecer. La casi nula utilización de otras estrategias como las penas alternativas a la prisión o la justicia restaurativa, han agravado esta situación. Lejos de abatir los niveles de violencia, estos parecen ser factores que contribuyen a su incremento. La distopía de un país como Uruguay con decenas de miles de presos no se parece en nada a un proyecto de sociedad segura y disfrutable por sus habitantes. Ha sido difícil entablar un debate serio sobre seguridad. Desde filas conservadoras hay mucho “sanateo”, como caracterizó el periodista Gabriel Pereyra en una entrevista célebre al candidato Lacalle Pou.  La táctica es el alarmismo y  la falta de propuestas. Se trata de transformar episodios graves de violencia en una psicosis colectiva donde el miedo ordene las percepciones, no los hechos ni las razones. Hay una radicalización del discurso reaccionario y simplista. La tesitura  de minimizar la gravedad de la inseguridad ha sido desplazada hace ya tiempo. En su lugar se ha desarrollado un discurso oficial que enfatiza los avances en profesionalización, eficiencia y tecnificación de la  Policía, que, efectivamente, son muy relevantes. Una entrevista reciente  de Pereyra al Dir. Nal. de Policía Mario Layera agrega elementos  a este debate. Layera constata cambios en la forma de operar el crimen con menos organización, liderazgos más fugaces  y nuevos códigos gestados en las cárceles. Concluye tajantemente que hay  un “choque de culturas”, donde  los sectores “marginados” están absolutamente fuera del sistema, hasta en el lenguaje.  Con franqueza destacable, aunque sin autocrítica, Layera cuestiona la “compartimentación” con que actúa el Estado y  las dificultades de la policía con la implementación del nuevo código del proceso penal y el rol de las fiscalías. Es bueno que un jerarca  señale problemas y omisiones. Una de las cosas que desacredita a cualquier  gobierno  es la reivindicación total de lo que hace sin reconocer y valorar los problemas existentes. La izquierda debe ser crítica y autocrítica enfatizaba Javier Miranda en el acto del 5 de abril. Cabe también esperar que se digan  las acciones  en curso para resolver los problemas mencionados. En  la articulación de la Policía con Fiscalías y Poder Judicial, se puede entender una transición para la aplicación eficiente del nuevo código. Pero, en nuestra opinión, hay que poner en discusión otros aspectos del paradigma punitivo actual. Por ej. el fiscal Jorge Díaz cuestionó en una entrevista importante con Emiliano Cotelo la manera como el sistema penal uruguayo protege de forma muy desigual derechos y bienes, poniendo la propiedad por encima de la vida, omitiendo delitos ambientales, castigando duramente algunos delitos y minimizando dicho castigo en otros como los desfalcos en el sistema financiero. Faltan debates. Las dificultades para la acción articulada en el territorio del gobierno nacional, los departamentales y municipales, no son un problema nuevo y no se limita a compartimentar informaciones.  Existen esfuerzos como el Gabinete Social, las Mesas de Articulación Zonal, la Junta Nacional de Drogas, pero no han sido suficientes. El  Ministro del Interior impulsó desde 2005 el Programa de Mesas Locales de Convivencia  y Seguridad Ciudadana cuyos  objetivos son identificar problemas, establecer prioridades y acuerdos y programar acciones en conjunto, logrando compromisos entre las instituciones y los vecinos, buscando las posibles soluciones a los problemas. La idea-fuerza  es  muy buena: “Frente a los problemas comunes, la construcción de las soluciones es colectiva” (MI 2017). Hay fundamentos teóricos en diferentes corrientes a nivel internacional para  valorar este enfoque  en sus dos dimensiones:

1. a) el enfoque territorial que incluye el diagnóstico local y la focalización de líneas de acción en zonas y comunidades determinadas.
2. b) la interinstitucionalidad e intersectorialidad y en particular la alianza con gobiernos locales y  fuerzas sociales para un abordaje integral.

En 2012 el gobierno nacional planteó la Estrategia por la Vida y la Convivencia fundamentando que “el quiebre social y cultural ha impactado en el Uruguay donde desciende la pobreza y el desempleo y aumenta el miedo y las reacciones violentas de la sociedad, modificando valores de integración tradicionales”. En este proceso multidimensional la inversión fuerte en  infraestructuras locales, para  una utilización democratizada de los servicios y espacios públicos, aporta a la convivencia y la seguridad. El objetivo  es construir ciudad  con una trama urbana más densa y más espacios para la integración. Suturar la fractura social con acciones integrales en cada territorio. Frente a un Estado ausente históricamente en ciertas zonas esta orientación fue planteada como una forma de saldar una deuda social y una apuesta a la convivencia.  Las 15 medidas iniciales  fueron una mezcla de acciones con fundamentos y rumbos diversos. La traducción luego en el “Plan 7 Zonas” tuvo un componente  de cambio hacia un modelo focalizado de intervención territorial desde las políticas urbanas, sociales y también policiales. Faltan evaluaciones actualizadas de estos programas. En nuestra opinión la experiencia en el barrio Marconi ha sido positiva. Lo que fue un símbolo de la exclusión y el retroceso del Estado, se revirtió en parte por un trabajo coordinado del Municipio D, Intendencia y distintos ministerios. Un ejemplo todavía más claro y exitoso de esta forma de abordaje  es el Plan Goes, con resultados notorios. Por otro lado, el Plan 7 Zonas implicó también una reducción de la estrategia global a zonas priorizadas. Es razonable que haya planes focalizados en las áreas  más críticas. Sin embargo no es tan claro que una estrategia que pretende problematizar la violencia y los vínculos lesionados en campos diversos como el hogar, la pareja, el tránsito, el deporte, los centros educativos, los medios de comunicación, pueda reducirse a ciertas zonas. Y que se debiliten o incluso desaparezcan las demás líneas de acción. A raíz de las nuevas restricciones presupuestales en 2015, la continuidad  del Plan 7 zonas fue interrumpida sin que haya sido sustituido por otros programas. Falta lo que Gustavo Leal ha denominado un shock de ciudad y políticas urbanas. Vivimos  en un país donde  la fragmentación socio-territorial subsiste a pesar de los grandes avances sociales. Las políticas sociales, que tanto molestan a algunos, permitieron abatir la pobreza y la indigencia, aumentar el salario real y las jubilaciones, mejorar la cantidad y calidad del empleo. Defender esos derechos  significa también evaluar la matriz de protección social para llegar a los problemas que persisten. Javier Miranda  fue enfático en radio Sarandí al señalar que Uruguay está viviendo una situación de violencia que es altamente preocupante. Todos los actores institucionales, sociales y mediáticos deben encararla seriamente, dijo, sin banalizar ni naturalizar la violencia. Seguimos teniendo una fractura social, afirmó. “No hemos logrado quebrarla y eso no es aceptable después de 13 años de gobierno”. Esa también es mi opinión. Hay que seguir indignándose ante las desigualdades y comprometerse  con su erradicación.

(*) Lic. en Educación-Diplomado en Políticas Públicas e Innovación. Director Div. Salud IMM 2005-2007 y 2010-2015. Coordinador de la Junta Departamental de Drogas 2012-2015. Integrante del Colectivo El Taller www.cuadernosdeltaller.com. Miembro del Equipo Coordinador del Instituto de Formación Sindical de FUS. Maestrando en Sociología.